Attac presenta en la Complutense su campaña por la Justicia Fiscal Global

Attac propone que España, junto al resto de Estados que integran la UE, establezcan impuestos globales porque es a nivel mundial al que se mueven los negocios.

La Reforma Fiscal propuesta por el Gobierno del PSOE supone una política continuista respecto las legislaturas anteriores y limitada en cuanto a la disposición de medios para garantizar la transparencia y la equidad. En un entorno en el que las evasiones y fraudes fiscales están a la orden del día, provocando el debilitamiento del Estado de Bienestar, deberían proyectarse políticas fiscales que regularan la concentración de capitales, los flujos de capital especulativo, la delincuencia financiera y los paraísos fiscales. Ante la insostenibilidad de este panorama, Attac presentó la campaña Justicia Fiscal Global para concienciar a la ciudadanía de la necesidad de presionar al Gobierno para que éste, a su vez, proponga a la Unión Europea y a los organismos internacionales una serie de regulaciones en materia fiscal que se escapan al control nacional.

Todos los participantes de los dos actos oficiales de presentación de la campaña coincidieron en la necesidad de impulsar una serie de medidas, como las propuestas por Attac, para acabar con una de las lacras de esta sociedad. El primer acto tuvo lugar en la mañana del 21 de febrero en la Universidad Complutense de Madrid. En él intervinieron Juan Torres López, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, Jorge Fonseca, Profesor titular de Economía Internacional de la Universidad Complutense, y Ángel M. González-Tablas, Catedrático de la Universidad Complutense; ejerciendo como moderador Ricardo García Zaldívar, coordinador de Attac España. El debate estuvo orientado, sobre todo, a determinar los medios necesarios para lograr los objetivos propuestos. Los participantes, tanto ponentes como estudiantes, coincidieron en la necesidad de realizar un llamamiento y concienciar a la ciudadanía para que comprenda y actúe mediante las movilizaciones y la presión social. Mientras que el segundo acto tuvo lugar por la tarde de ese mismo 21 de febrero en el Consejo de Juventud de España. A él, acudieron Gaspar Llamazares, Diputado Coordinador de IU, José María Peláez, Presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, Carlos Berzosa, Rector de la Universidad Complutense, y, de nuevo, Juan Torres. Para esta ocasión fue la Presidenta de Attac Madrid, Lourdes Lucía, la encargada de presentar y moderar la mesa redonda que se saldó con el pleno apoyo de los participantes, cada uno por sus propias razones, a la campaña de Attac.

Esta ambiciosa campaña pretende acentuar la progresividad de las cargas fiscales para que recaigan especialmente sobre los más ricos, las grandes empresas y las corporaciones trasnacionales, impulsando los impuestos directos, frente a los indirectos, lo que contribuiría a redistribuir la riqueza e impediría que el enriquecimiento de unos pocos se llevase a cabo a costa del empobrecimiento de muchos. “La democracia moderna”, como afirma Juan Torres, “nace con los impuestos para redistribuir las rentas, aliviar desigualdades y generar una mayor eficacia en los mercados mediante incentivos o sanciones y así garantizar una redistribución justa y equitativa”. Sin embargo, según explicó Juan Torres, “las políticas fiscales actuales contradicen el principio de redistribución de la riqueza recogido en el artículo 31 de la constitución. Por un lado, minimizan la carga de los impuestos directos, aumentando la de los indirectos, eludiendo así el principio de progresividad (paga más el que más tiene). Por otro lado se alivia la carga impositiva sobre las rentas del capital, estableciendo un tipo máximo del 18%, mientras que se mantienen tipos progresivos muy superiores para las rentas de trabajo. Se rompe de esta manera el principio de Justicia Tributaria”. Pero además, la creciente concentración del capital en un número cada vez más reducido de grupos económicos está desmontando el Estado de Bienestar y, por tanto, amenaza la permanencia de servicios vitales ofrecidos por el Estado, como son la educación, la sanidad, las pensiones… Estas concentraciones han llegado a un grado tan elevado de desarrollo que crean carteles o monopolios, los cuales desempeñan un papel decisivo en la vida económica e, incluso política, favoreciendo la creación de espacios que se caracterizan por la ausencia de regularización fiscal.

Por ello es necesario un sistema de impuestos que ampare a los más desfavorecidos y no a la inversa. En este sentido, Attac pretende promover una armonización justa de los sistemas fiscales nacionales en el ámbito de la UE y de la Comunidad Internacional, con el fin de evitar una competencia fiscal entre Estados que desembocaría en la deslocalización empresarial hacia los países que ofrecieran mejores condiciones fiscales. Pero las ventajas fiscales no sólo afectan al capital mercantil o el industrial sino, y sobretodo, al capital financiero. De los 1,7 billones de dólares que se mueven diariamente en los mercados, el 95% es exportación de capitales y sólo el 5% se vincula al tránsito de mercancías y servicios. A su vez, de ese 95%, el 98% obedece a transacciones especulativas, centradas sobretodo en el mercado de divisas. “El capital financiero surge de la fusión entre el capital bancario y el industrial, es decir, la banca sustrae una parte del beneficio obtenido de la producción, no lo crea y, por tanto, no se materializa en bienes o servicios, sino en transacciones financieras especulativas con capacidad para evadir cualquier control, regulación o gravamen por parte de los Estados”, como matizó Jorge Fonseca. ¿Cómo es posible que estas grandes concentraciones de capital transciendan los controles estatales? Porque la libertad de movilidad de capitales está garantizada por Gobiernos y Organismo Internacionales como el BM, FMI, OCDE y G8. Esto, sumado a la exacerbada competitividad, alienta a algunos países a transformarse en “paraísos fiscales”, lugares en los que además de servir de refugio al dinero sucio procedente de la corrupción y la delincuencia financiera, permite al gran capital eludir el pago de impuestos y escapar así de una redistribución de la riqueza a escala planetaria. Estos paraísos fiscales provocan que las haciendas públicas, tanto de los países ricos como de los más empobrecidos, se vean privadas de recursos necesarios para financiar los servicios públicos esenciales destinados a satisfacer las necesidades básicas y el bienestar de sus ciudadanos. Sólo en Europa, contamos con numerosos casos de “paraísos fiscales” (Luxemburgo, Mónaco, San Marino, Andorra, Isla de Man, Liechtenstein, Gibraltar, Suiza y las islas del Canal de La Mancha). Por tanto, Attac plantea que se den pasos sustanciales en España para la erradicación de los Paraísos Fiscales, comenzando por el no reconocimiento jurídico de las sucursales financieras y empresas españolas que operan en ellos y la modificación del sistema de autovigilancia bancaria de las transacciones financieras internacionales (permitiendo el libre acceso judicial a los datos de las cámaras de compensación bancaria).

Asimismo, Attac propone que España, junto al resto de Estados que integran la UE, establezcan impuestos globales porque es a nivel mundial al que se mueven los negocios. La Tasa Tobin sería un impuesto viable sobre los flujos de capital especulativo, cuya recaudación serviría para combatir las consecuencias más perversas de la globalización, así como para incrementar la ayuda a los países empobrecidos y resguardar los bienes públicos mundiales. Según un estudio de Oxfam Internacional, 50.000 millones de dólares anuales desaparecen de los países desarrollados y van a parar a los paraísos fiscales, procedentes de grupos empresariales, actividades ilícitas o de a quienes los bancos consideran como “personas de alto patrimonio”. Esta cantidad representa prácticamente el monto total de la ayuda oficial a los países del tercer mundo, seis veces el costo estimado de la escolarización primaria universal de los mismos y tres veces el de la atención sanitaria básica.

Pero para ello, también es necesario contar con los medios oportunos que además persigan y penalicen la delincuencia financiera mediante inspecciones fiscales a nivel nacional y la creación de un cuerpo jurídico y una autoridad fiscal europea. José María Pelaez explicaba en el acto que “todos los gobiernos han planteado multitud de planes de lucha contra el fraude fiscal, pero en todos los casos han sido planes orientados al plano mediático sin medidas de calado. Aunque se ha criticado mucho a la inspección fiscal, los dos principales problemas son la falta de medios económicos y una ineficiente legislación que permita luchar contra los sofisticados mecanismos de fraude, lo que explica que el fraude fiscal supongo entre el 20 y el 25% del PIB en España. Esto se debe a que socialmente el fraude fiscal no esta mal visto, por lo que no se genera presión social sobre el gobierno. Además las legislaciones internacionales, basándose en el principio de libre circulación de capitales, impiden a las legislaciones nacionales limitar o controlar determinados movimientos de capital, como los operados en Paraísos Fiscales, puesto que incomodaría a determinados sectores como la banca, los cuales poseen mucho poder sobre las economías nacionales”.

No obstante, desde los poderes políticos se llevan a cabo contrarreformas que no sirven más que para empeorar la situación, como analizó Gaspar Llamazares: “En Convergencia Social, España se ha acercado a la media de la Europa de los 15 sólo un 0,5%, aunque el PSOE se comprometió a aumentar diez veces el gasto social en dos legislaturas, pero la falta de medidas hace prever que no se cumplirá”. Por tanto, Carlos Berzosa apuntó que es necesario crear “una nueva economía para una sociedad más igualitaria”. Pero para ello “hay que saber atacar y seleccionar, pues si hay dispersión, se pierde fuerza y efectividad”, como matizó Ángel M. González-Tablas. Por lo que, tanto Ricardo G. Zaldívar como Lourdes Lucía, insistieron en la necesidad de impulsar por toda España esta campaña en la que además de presentar charlas y conferencias para ofrecer información y facilitar la comprensión, se está llevando a cabo una recogida de firmas que presione al Gobierno para reconducir las políticas fiscales hacia un sistema más justo e igualitario para todos.

Lorena Cervera. Prensa Attac